Solicitar al Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para que en el marco de una modificación de la actual ley de semillas, se tenga en cuenta no avasallar el derecho al uso propio por parte de los pequeños y medianos productores agrícolas
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Expte. 6754-D-2012 presentado el 25/09/2012

 

PROYECTO:

 

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, en el marco de una modificación de la actual Ley de Semillas, se tenga explícitamente en cuenta no avasallar un aspecto fundamental como lo es el Derecho al Uso Propio por parte de los pequeños y medianos productores agrícolas.

FUNDAMENTOS:
Pese a su discurso supuestamente a favor de los pequeños productores, el Gobierno prepara una nueva ley de semillas que podría dejar a muchos de ellos afuera de un beneficio que tienen desde hace 40 años: el "uso propio", una figura que permite al agricultor que cosechó soja guardarse una parte para usarla como semilla en la campaña siguiente sin tener que pagar regalías a las empresas semilleras o comprar una nueva bolsa para sembrar.
En vigor desde 1973, la ley 20.247 no restringe el uso propio. Y al hacer soja o trigo, dos cultivos cuyas semillas por sus características pueden reutilizarse sin necesariamente tener que comprar todos los años una bolsa como sí ocurre con maíz y girasol, el productor no está obligado a pagar regalías a las compañías semilleras. Bajo ese amplio paraguas del uso propio, hubo productores que, en los últimos años, de algún modo, terminaron haciendo un abuso del uso propio por más que sembraran miles de hectáreas.
Pero todo esto está a punto de cambiar y la principal novedad es que, en su afán de corregir algo, el Gobierno impulsa una norma, tal vez la más importante del kirchnerismo en su relación con el campo desde que está en el poder, donde casi nadie se salvará de pagar regalías, ni los productores más pequeños.
En rigor, en un anteproyecto que podría llegar pronto al Congreso se limita al máximo posible el uso propio. Según su artículo 32, no estará obligado a pagar derechos (regalías) el agricultor exceptuado definido en otro artículo, el 2° inciso K, y que esté inscripto en un registro de usuarios creado en el Instituto Nacional de Semillas (Inase), un organismo bajo la órbita del Ministerio de Agricultura.
El artículo 2° inciso K dice que el Inase anotará de oficio como exceptuados a los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura
Familiar (Renaf) a la fecha de la promulgación de la ley. El Renaf tiene detectados a productores de escala muy baja y está en el área del nuevo subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita.
Además, según el anteproyecto, el Inase o la autoridad que lo supla "resolverá sobre la inclusión, eliminación y o continuidad de cada agricultor en la categoría de agricultor exceptuado".
Si bien la cartera de Agricultura viene haciendo reuniones con representantes de la industria semillera y de la producción para avanzar en una propuesta consensuada, el límite al uso propio dispara la polémica pues es uno de los puntos más sensibles en una intención de cambio.
El uso propio queda eliminado de hecho en este anteproyecto y los únicos que lo mantienen son quienes estén inscriptos [en el Renaf] y el Inase determine, una muy arbitraria decisión que deja desprotegidos a la mayor parte de los pequeños y medianos productores de nuestro país.
Precisamente, en un comunicado Carbap criticó el anteproyecto, y advirtió: "El productor deberá pagar todos los años por sembrar".
No fue la única entidad que protestó. La semana pasada, en una dura carta en la que le comunicaba a Yauhar que se retiraba de la mesa de trabajo impulsada para modificar la ley de semillas, la Federación Agraria Argentina (FAA) también criticó los cambios en el uso propio.
Para la entidad, Yauhar actuó "pulverizando" el uso propio con un proyecto que deja desprotegidos a los pequeños y medianos productores, beneficiando en forma directa a las grandes empresas.
No podemos convalidar esta verdadera entrega de la soberanía nacional en el área de semillas ni podemos ponernos del lado de los intereses de los sectores más concentrados de la economía que están siendo los reales ganadores de este modelo.
Además de este tema, otro punto que genera polémica es el artículo 47, que para los productores faculta al organismo público a ingresar en los campos con poder de policía para fiscalizar.
El texto dice que habilita a los funcionarios a "inspeccionar predios donde se encuentren semillas depositadas o sembradas" en cualquier momento y lugar. Este artículo avasalla una serie de derechos esenciales del productor al otorgárseles un poder de policía arbitrario y desmesurado a los funcionarios.
Hoy, sólo el 37% del mercado de semillas de soja es fiscalizado, es decir, con venta de semilla certificada y pago de regalías extendidas mediante acuerdos privados entre productores y empresas. El resto se divide entre el uso propio y la comercialización del insumo no certificado.
Esto indica que el INASE$, que es el organismo encargado de fiscalizar que la ley se cumpla, no lo está haciendo.
Entonces pareciera que la única solución es la que el gobierno propone , dejando desprotegidos a los productores agropecuarios y legislando un cuerpo que da marcha atrás con un derecho incuestionable, cuando lo que debiera hacerse es cumplir con la ley que hoy está vigente, lo que lamentablemente no se hace.
El INASE no cumple las funciones que le asigna el Decreto de su creación. Antes de hacer cambios, ¿Porqué no empezamos cumpliendo con lo que hay? El parche pasa, entonces con avasallar los derechos de los pequeños y medianos productores.
Eso no significa que no se deben modernizar la leyes en un contexto internacional donde debemos estar a la altura de los nuevos avances, pero la esencia no debe cambiar.
El mercado legal de soja representa para las compañías semilleras un poco menos de 300 millones de dólares. Sin embargo, según los especialistas, podría trepar a 1000 millones si todos pagaran regalías y el mercado creciera en valor con nuevas tecnologías.
Encontremos, entonces, soluciones consensuadas por todos. No debemos olvidar que son los productores agropecuarios los que, con su esfuerzo, su crecimiento personal y su denodado espíritu solidario para con el país, aportan el mayor porcentaje de divisas para que la expansión de la economía y el desarrollo sean una realidad. No debemos, por lo tanto, alentar cambios que vayan en desmedro de ellos que son los verdaderos artífices de un modelo productivo que es un verdadero orgullo y que pone a la Argentina entre los primeros países en desarrollo agropecuario del mundo.
Hago un llamado para que con espíritu de consenso y con la buena voluntad de las partes encontremos armónicamentes soluciones y dictemos leyes que favorezcan en forma equilibrada el crecimiento del sector y no que alguna de las partes obtenga beneficios desmesurados a costa de la otra.
Por ello, Sr. Presidente, solicito la aprobación del presente Proyecto.

FIRMANTES:
Autor: Orsolini, Pablo
Coautor: Forte, Ulises

GIRO A COMISIONES:
Agricultura y Ganadería
 
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