Solicitar al P.E. disponga las medidas necesarias a find e establecer las prevenciones y se tomen los recaudos necesarios para que los pobladores que habitan las riberas de los ríos Atuel y Salado en La Pampa, puedan disponer y utilizar su agua
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Expte. 6614-D-2010 presentado el 08/08/2010

 

PROYECTO:

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, dependiente del señor Ministro Jefe de Gabinete, instrumente la medidas necesarias a fin que:
1) Se establezcan las prevenciones y se tomen los recaudos necesarios para que los pobladores que habitan las riberas de los ríos Atuel y Salado-Chadileuvú-Curacó en territorio de la provincia de La Pampa, puedan disponer y utilizar agua de dichos cursos fluviales.
2) Se garantice caudales de agua suficientes en calidad y cantidad, que aseguren un razonable equilibrio ambiental durante todo el año en la zona ribereña de los ríos antes mencionados

 


FUNDAMENTOS:

La difícil situación que a lo largo de los años viene produciendo el corte del río Atuel, a raíz de la construcción del complejo los Nihuiles en la provincia de Mendoza, hoy se acrecienta por un proceso de desertificación similar como consecuencia de las acciones antrópicas realizadas sobre la cuenca alta del río Desaguadero-Salado que han reducido a un mínimo su caudal histórico, de por sí menguado.
Desde antaño la vida humana en estas áridas tierras ha girado siempre en torno a actividades pastoriles llevadas a cabo por crianceros de ganadería extensiva, básicamente caprina y vacuna sobre la base de una economía de subsistencia signada especialmente por la carencia de agua, hecho que es absolutamente condicionante de cualquier tipo de explotación ya que es un recurso casi inhallable en esas tierras y que, cuando se lo encuentra, su alta salinidad la hace inapropiada para cualquier producción.
El abrupto cercenamiento de caudales en el Atuel a mitad del siglo pasado y el brusco descenso primero y el corte reciente del Desaguadero mas acá en el tiempo, iniciaron y van a potenciar, de no mediar una urgente intervención, un éxodo sin precedentes para numerosas poblaciones y familias que, de contar con el recurso agua, seguro podrían apostar a un futuro desarrollo y mejoramiento de sus explotaciones y su calidad de vida.
Esta disyuntiva en la que hoy se encuentran los obliga a plantearse el abandono de su actividad enfrentándose a formas de vida muy diferentes, convirtiéndose en desocupados en la periferia de alguna ciudad generalmente alejada o bien ser mano de obra barata y asistida por el estado.
La Pampa es una provincia históricamente agropecuaria y antes que eso, una provincia ganadera. El paso de los años y el desarrollo tecnológico la hicieron agroganadera pero también es una provincia que no descarta en su futuro mediato a otras actividades que basen su accionar en el valor agregado a las materias primas aunque no por ello debe dejar fenecer una actividad como la ganadería extensiva en tierras que no permiten mas que eso.
El rápido desarrollo y especialización de los sistemas agrícolas en las zonas "núcleo" desplazaron a la ganadería de las mejores tierras y el centro oeste de La Pampa fue receptor de la misma. Sin embargo no puede afianzarse y está sujeta a ciclos climáticos y de mercado, este último fuertemente influenciado por los primeros, que son los que marcan el ritmo del recurso forrajero. No puede omitirse que el abastecimiento de agua de bebida ganadera es la principal limitante del funcionamiento de las explotaciones, ya sea por acceso directo a los cursos fluviales o acceso indirecto a través de fuentes de abastecimiento que aquellos alimentan.
 
Por ello quienes representamos a La Pampa y a todos sus habitantes en este Congreso de la Nación, con el derecho que nos asiste, tenemos el deber de solicitar acciones que impidan la instalación de un nuevo desierto en una gran área productiva ganadera de cría y con ello la desaparición del único medio de vida digna de muchos compatriotas, salvaguardando los altos designios de aquellos constitucionalistas que así lo plasmaron sabiamente, en la Constitución Nacional, cuando en su Art. 41, dejaron claro que: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".
A los efectos de cumplimentar con el Art. 41 de la Constitución Nacional, como lo establecen eximios doctrinarios en materia constitucional, se deben realizar acciones positivas: que presuponen una intervención directiva (legislativa) y una directa (administrativa) de ejecución, materialización y realización de la igualdad a un ambiente sano. Como sostiene Bidart Campos "se promueven, los derechos cuando se adoptan las medidas para hacerlos accesibles y disponibles a favor de todos. Y eso exige una base real igualitaria"... "El Congreso queda gravado con obligaciones de hacer: legislar y promover medidas de acción positiva. Esto obliga al Estado a remover los obstáculos impeditivos de la libertad y
la igualdad de oportunidades", que, por todo lo expuesto no ha sido así para los habitantes pampeanos, a los que se les ha agravado y sigue agravando su medio ambiente.
Es por eso es que, basándonos en los claros principios ambientales dictados por la ley 25.675, y en la ley 25.688 que establece los Presupuestos Mínimos Ambientales, solicitamos ser alcanzados en dichos contenidos como integrantes de la cuenca Desaguadero-Salado y su afluente Atuel y poder utilizar para nosotros y nuestros descendientes los recursos naturales interprovinciales que deben ser compartidos.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los señores Diputados nos acompañen en éste proyecto de resolución
 

FIRMANTES:
 
Autor: Regazzoli, María Cristina
 
Coautores:
 
Forte, Ulises
 
Robledo, Roberto
 
Kenny, Eduardo
 
García, Irma
 

GIRO A COMISIONES:
 
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios
 
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